Por distintas razones, las soluciones adoptadas hasta el momento no han conseguido reactivarlo. El principal problema del sistema financiero español es la acumulación de activos inmobiliarios en los balances bancarios, algo que todo el mundo conoce, menos la EBA, la autoridad bancaria europea de supervisión, cuyas últimas exigencias de recapitalización para las entidades españolas se basaron en un riesgo inexistente (que la Deuda pública no se pague al vencimiento) dejando de lado el verdadero problema, el estancamiento del mercado, la pérdida de valor de los activos inmobiliarios y las insuficientes provisiones realizadas.
Para dar salida a los activos desvalorizados de los balances bancarios, se han puesto en marcha varias iniciativas internacionales: la creación de 'bancos malos' individuales (Alemania), una institución nacional (NAMA irlandés) o distintos esquemas de protección de activos (UK, Holanda, España). Quizá la experiencia más exitosa haya sido la de los años 90, en los países nórdicos, en que la creación de bancos malos permitió, 3 años después, la reactivación económica.
La experiencia española hasta el momento ha discurrido por dos vías: una, las mayores exigencias de provisiones por créditos e inmuebles adjudicados como consecuencia de la gestión recuperatoria; dos, esquemas de protección de activos en los procesos de adjudicación y subasta de entidades (CCM, Cajasur). En sentido estricto, no podrían considerarse bancos malos las meras separaciones contables que han realizado algunas entidades financieras (Bankia, Caixa,...) porque permanecen, con otro nombre, bajo la misma unidad de gestión y el mismo perímetro de consolidación.
Las últimas cifras globales que presenta el Banco de España ilustran el alcance del problema: activos tóxicos en los balances bancarios (exposición potencialmente problemática en los sectores de construcción y de promoción inmobiliaria) de 176000 MM€, cubiertos al 33% por provisiones realizadas. El colapso del mercado inmobiliario y el exceso de oferta de viviendas y promociones sin vender apuntan hacia unas necesidades de capital adicionales para las entidades.
La creación de un banco malo no resuelve por sí misma el problema de la restricción crediticia pero, si se hace bien, y todo depende de los detalles donde reside el diablo, puede suponer un paso adelante. En cualquier caso, debe ser una decisión de gestión, no contable, con cambio en la propiedad y en la gestión de los activos transferidos, cuyo diseño debe responder a cuestiones clave: ¿Cómo se financia? ¿Quien asume las pérdidas? ¿Qué activos incluye? ¿A qué precio se compran los activos, a precios de mercado, a valor en libros o a un precio intermedio? Estas preguntas requieren decisiones y definiciones previas y claras porque de su respuesta depende el propio éxito del ‘banco malo’.
Un banco malo con cargo del sector público chocaría con el rechazo de la opinión pública y con su inevitable consecuencia de aumentar el déficit. Por diversas razones, parece necesaria la participación del sector privado. Una propuesta que está sobre la mesa, a partir de la experiencia de la crisis bancaria de los años 80’s, es la de una participación conjunta del FGD (sector privado) y FROB (sector público) en el diseño del nuevo instrumento
Las ventajas de la creación de un banco malo derivan de la limpieza de los balances bancarios y de la restauración de la confianza en el sistema financiero, una vez depurado de activos tóxicos: en algunos casos, aflorarían pérdidas (cuanto antes, mejor) que habría que absorber con accionistas privados o con nuevas inyecciones de capital público; se adelgazarían los activos bancarios y quedarían claras las auténticas necesidades de capital de cada entidad. Una ventaja de esta opción es su carácter discriminatorio: cada entidad se enfrentaría con su propia responsabilidad, El Estado debería inyectar capital o nacionalizar las entidades descapitalizadas; si la entidad es viable, a futuro se recuperarían estas inyecciones; si no, se deberían liquidar o vender.
En cualquier caso, la parálisis del crédito y las dificultades de financiación obligan a diseñar pasos adicionales para alejar las sombras de duda que se proyectan hoy sobre las entidades financieras españolas y para que cumplan su función básica: otorgar crédito a familias y empresas en condiciones razonables de calidad y precio.
2.12.11
(artículo Aristóbulo de Juan sobre la creación de un banco malo)
